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Conceptos generales sobre los tributos

En nuestro país, el reconocimiento implícito del contrato social, los derechos y obligaciones emanados del mismo, así como las potestades otorgadas al Estado para el cabal cumplimiento de los fines encomendados, surge de la propia Constitución cuando, entre otros, dispone:

“La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio.” (Art. 1°, Constitución de la República 1967, con reformas hasta 1996), y establece:

“Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.” (Art. 7°, Constitución de la República 1967, con reformas hasta 1996).

Y que “Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” (Principio de legalidad consagrado en el Párrafo 2 del Art. 10°, de la Constitución de la República 1967, con reformas hasta 1996).

Este Principio de Legalidad ha sido recogido también en materia tributaria por el Art. 2º del Código Tributario, cuando establece que: “Sólo la ley puede:
 
1º) Crear tributos, modificarlos y suprimirlos.
2º) Establecer las bases de cálculo y las alícuotas aplicables.
3º) Establecer exoneraciones totales o parciales.
4º) Tipificar infracciones y establecer las respectivas sanciones.
5º) Crear privilegios, preferencias y garantías.
6º) Establecer los procedimientos jurisdiccionales y los administrativos en cuanto estos signifiquen una limitación o reglamentación de derechos y garantías individuales.

En los casos de los numerales 2º, 3º y 4º, la ley podrá establecer también las condiciones y límites dentro de los cuales el Poder Ejecutivo deberá precisar o determinar las bases de cálculo, alícuotas, exoneraciones y sanciones aplicables.”(Conc.: T.O.1996, Título 1, Sección I, Capítulo 1, artículos 7º y 8º).

Por otra parte, corresponde señalar que existe un orden jurídico conformado por normas con distinto valor (pues están sometidas a un régimen especial en cuanto a cómo pueden dejarse de aplicar) y distinta fuerza (según su posibilidad de derogar o modificar lo que dispone otro acto jurídico). En el primer escalón de dicho ordenamiento, se encuentra la Constitución, tal como se visualiza en el esquema adjunto:
 

 
Así pues, por ejemplo una ley no puede violar los principios consagrados en la constitución, o un decreto  contradecir, modificar o derogar lo que se establece en una ley.

Las leyes que regulan la materia tributaria están incluidas principalmente en el Código Tributario, el cual recoge los principios generales en la materia y define expresamente el concepto de tributo y el de sus tres especies (impuesto, tasa y contribuciones especiales), y en el Texto Ordenado, que contiene la compilación de la normativa relativa a cada impuesto que es recaudado por la Dirección General Impositiva (DGI). Los decretos reglamentarios regulan los impuestos creados por la ley. Las resoluciones facilitan la aplicación de la normativa antes citada en tanto los instructivos precisan la misma.

El tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. La obligación tributaria, por su parte, es el vínculo jurídico que surge entre el Estado (sujeto activo) y el individuo (sujeto pasivo) como consecuencia de la ocurrencia del hecho que la ley somete a tributación. En definitiva, ocurrido el hecho y nacida la obligación tributaria el Estado exige al particular el cumplimiento de la prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie.

En esta definición se destacan algunos elementos:
  • La existencia de un vínculo jurídico. El Código Tributario, en su Art. 2º, consagra el Principio de Legalidad, se establece que sólo la ley puede crear tributos, modificarlos y suprimirlos. El Estado como sujeto activo de la obligación. Se encargará de la determinación, recaudación y administración de los tributos, para el sostenimiento de los gastos públicos.
  • Los particulares como sujetos pasivos. Son los que deben cumplir con la obligación, ya sea por haber realizado el hecho sujeto a tributación, y en ese caso ser contribuyentes, o responsables.
El responsable, es la persona que sin asumir la calidad de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones de pago y los deberes formales que corresponden a aquel, teniendo por lo tanto, en todos los casos, derecho de repetición. En esta figura se encuentran, entre otros, los agentes de retención o de percepción, que son las personas designadas por la ley o por la Administración, previa autorización legal, para que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales pueden retener o percibir el importe del tributo correspondiente.
  • El pago o cumplimiento de una prestación pecuniaria. El cumplimiento de la obligación de tributar se manifiesta a través del pago; es la manifestación económica del vínculo jurídico.
Dentro de los tributos podemos distinguir tres clases:
  • Impuestos
  • Tasas
  • Contribuciones
El impuesto es el tributo cuya exigencia es independiente a toda actividad del Estado respecto al contribuyente. Verificado el hecho sujeto a tributación, el contribuyente se encuentra obligado a su pago, no teniendo el Estado la obligación de darle a lo recaudado por dicho concepto un destino especial. La beneficiaria será la comunidad en su totalidad.

Los impuestos se aplican sobre distintas bases de cálculo que, al ser multiplicadas por las tasas o alícuotas, permiten conocer el monto el monto a pagar.

Si como contrapartida de la obligación se recibe un servicio personal que se puede identificar, y se verifican además, otros requisitos que el Código Tributario establece, estamos ante una tasa. Por ejemplo: las tasas de alumbrado o saneamiento y tasas consulares.

Si se paga un tributo como contrapartida por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o actividades estatales estamos ante una contribución especial, como en el caso de los aportes a la seguridad social o de mejoras cuando se refieren a obras concretas.

Los impuestos a su vez pueden ser directos, cuando gravan a las personas físicas o jurídicas y por lo tanto éstas ven directamente cómo les afectan (como es el caso del impuesto a la renta y al capital), o pueden ser indirectos, cuando gravan a las transacciones, como es el caso de los impuestos al consumo. Cuando compramos un bien, en su precio pagamos un impuesto que pasa a las manos del vendedor que es quien debe hacer el pago al Estado. Esto ocurre, por ejemplo, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los impuestos pueden ser clasificados en progresivos, cuando su porcentaje aumenta de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente , como por ejemplo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o pueden ser regresivos, cuando no consideran esa capacidad económica (porque para una misma operación son iguales con independencia de quien sea el consumidor) y entonces quienes gastan prácticamente todos sus ingresos en el consumo de bienes y servicios, proporcionalmente contribuyen más que aquellos que tienen posibilidades de ahorrar o de invertir. El IVA es un ejemplo de este tipo de impuestos.

También pueden clasificarse en fiscalistas, cuando se utilizan fundamentalmente para obtener recursos para financiar el gasto público, o en finalistas, cuando se usan para lograr objetivos de justicia o equidad, como por ejemplo, mejorar la distribución del ingreso.
 
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